La biostasis es legal en Estados Unidos, y en Europa funciona como una cadena que abarca la entrega, el transporte y el almacenamiento en Suiza. Ninguna de las dos se basa en una ley específica al respecto. Ambas se acogen a marcos normativos creados para la muerte y los restos mortales habituales.
La mayoría de las veces funciona. A veces no.
Este artículo señala los ámbitos en los que la legislación es ambigua o supone un obstáculo real, sin exagerarlos hasta convertirlos en una historia de terror. Ninguno de estos riesgos es un secreto, y para cada uno de ellos existe una solución real.
El problema de la autopsia
El mayor riesgo jurídico es un retraso, más que una prohibición. En algunos casos de fallecimiento, el juez de instrucción o el forense tiene la facultad —y, en ocasiones, la obligación— de realizar una autopsia antes de que se entreguen los restos mortales. Las muertes súbitas, sin asistencia o inexplicables pueden dar lugar a ello, independientemente de cuál fuera la voluntad del fallecido.
Esto resulta perjudicial por dos razones. Supone una pérdida de tiempo, a menudo de varios días, y el tiempo es la única limitación en la lucha contra la degradación celular. Las horas de isquemia en caliente previas a la refrigeración son las que causan un daño más rápido, y los días de isquemia en frío que siguen en la cámara mortuoria siguen degradando la estructura que el procedimiento pretende preservar.
En el caso de la conservación centrada en el cerebro, una autopsia también puede dañar físicamente el tejido que contiene la identidad.
La mitigación es parcial y real. El deseo, claramente documentado, de ser criopreservado, junto con las objeciones religiosas o personales a la autopsia que existen en algunas jurisdicciones, puede reducir la probabilidad de que se realice una autopsia no obligatoria. Sin embargo, no puede anular una autopsia forense exigida por ley. Morir de una forma que dé lugar a una investigación es un resultado adverso real, y ningún trámite administrativo puede neutralizarlo por completo.
Jurisdicciones que nunca han oído hablar de ello
En la mayor parte del mundo no existe ninguna ley que haga referencia a la crioconservación. Eso suena a libertad, y a veces lo es, pero el silencio tiene sus pros y sus contras.
Cuando no existe un reconocimiento explícito, un hospital, un secretario judicial o un funcionario no dispone de un modelo que seguir, y las personas que carecen de un modelo tienden, por defecto, a actuar con cautela y a retrasar las cosas.
El riesgo práctico es que surjan complicaciones justo en el momento en que menos te lo puedes permitir: funcionarios que no tienen claro si pueden entregar los restos para un procedimiento inusual, trámites que no encajan en los formularios disponibles, un registrador que quiere consultar con alguien antes de firmar. El coste se mide en horas, más que en prohibiciones, y las horas son precisamente lo que se pretende ganar con este procedimiento.
No existe una categoría jurídica para una persona en estado de conservación
Una persona criopreservada se encuentra en una situación para la que ningún ordenamiento jurídico cuenta con una categoría clara. Legalmente, se considera fallecida. La propia definición que se da en este ámbito —un paciente en estado crítico en lugar de un cadáver— no tiene fundamento en ninguna legislación vigente.
Hoy en día, esto permanece en gran medida latente, pero podría salir a la luz en casos extremos: disputas sobre los restos mortales, dudas sobre quién tiene la custodia de un paciente en estado de conservación o discusiones entre los herederos.
El estatus jurídico de una persona en criostasis es un tema que merece un artículo propio, ya que sigue sin estar resuelto.
Fronteras, transporte y el largo traspaso de responsabilidades
La biostasis es una operación logística que suele abarcar varias jurisdicciones. Un paciente puede ser trasladado desde el lugar del fallecimiento hasta un punto de estabilización y, posteriormente, a un centro de almacenamiento a largo plazo, a menudo cruzando fronteras nacionales. Cada paso fronterizo es un punto en el que confluyen dos conjuntos de normas y en el que el transporte de restos humanos requiere la obtención de los permisos correspondientes.
En Europa, el traslado forma parte de todos los casos y no es una complicación ocasional, ya que los cuidados a largo plazo se prestan en el centro suizo y no en el país donde se produjo el fallecimiento. Esa estructura queda establecida en el marco jurídico de la biostasis en la UE.
Nuestro trabajo consiste en sortear los obstáculos. La ambulancia «biostasis» de Tomorrow.bio está matriculada como vehículo fúnebre, lo que le permite cruzar las fronteras de la UE sin los retrasos a los que se enfrentaría un vehículo sin clasificar; y gran parte del trabajo operativo consiste precisamente en este tipo de logística y trámites burocráticos.
Sigue siendo un riesgo real. Un retraso en la obtención del permiso o un funcionario de fronteras con el que no estamos familiarizados supone un retraso que se mide frente a un reloj que no se detiene.
El riesgo de que las normas cambien más adelante
El almacenamiento debe mantenerse estable no solo durante años, sino durante décadas o siglos. En ese horizonte temporal, alguna normativa futura —que nunca haya tenido como objetivo la biostasis— podría complicar el mantenimiento de los pacientes. No se puede descartar esa posibilidad.
Es posible reducir la exposición a ello, y este es el argumento menos sonado a favor de la jurisdicción de almacenamiento. Los pacientes se encuentran en Rafz, Suiza, en un centro propiedad de la organización sin ánimo de lucro European Biostasis Foundation, y la Fundación Suiza para el Cuidado de los Pacientes actúa como tutor legal de los pacientes y de los fondos destinados a su manutención.
Se eligió Suiza, en parte por su estabilidad política y económica y, en parte, porque la legislación suiza hace que sea excepcionalmente difícil apropiarse de las fundaciones o darles un nuevo destino. Eso no hace que una futura regulación sea imposible. Simplemente hace que sea menos probable que se produzca un cambio repentino y desestabilizador de lo que lo sería en un lugar más volátil, que es precisamente la misma preocupación que subyace a lo que ocurriría si el proveedor dejara de cumplir con sus obligaciones.
El hilo conductor
Casi todas las medidas de mitigación mencionadas anteriormente se reducen a dos aspectos.
Documentación. Un registro claro, válido y accesible de tus deseos elimina las dudas y los retrasos que convierten una zona gris jurídica en un perjuicio real; por eso es tan importante conservar los documentos pertinentes.
Una jurisdicción estable. La parte más larga y frágil del acuerdo debe apoyarse en la base más sólida posible.
Los riesgos jurídicos de la biostasis son, en su mayoría, riesgos de retraso e incertidumbre más que de prohibición, y las dos defensas contra ambos son una documentación impecable y un lugar deliberadamente estable en el que esperar.
Nada de esto es motivo para abandonar el proyecto. Es motivo para afrontarlo con los ojos bien abiertos, preparar los documentos que eviten los fallos evitables y elegir una solución de almacenamiento diseñada pensando en la estabilidad más que en la comodidad. Estos riesgos son limitados, y son del tipo que una planificación cuidadosa permite reducir.